La Sala Caracol tiene 30 años de historia pero empezó como una nave almacén, un plató cinematográfico, un tablao flamenco muy básico con muchísimas deficiencias en acústica e insonorización y sin licencia de funcionamiento… será en 1994 cuando no les quedó más remedio a los titulares (entre ellos gente de la política) que venderla por su inviabilidad ante notario, con todos los derechos sin excepción alguna.
 
Desde esa época los nuevos socios y hasta ahora arrendatarios somos los que hemos transformado totalmente el edificio incluso alzándolo de 5 a 10 metros de altura hasta conseguir convertirlo en el auditorio que es en la actualidad. Durante éstas décadas ha padecido 12 precintos pero siempre ha logrado las diferentes licencias requeridas, hasta la última en vigor desde el año 2014. Dicha licencia recreativa fue concedida a nombre de un único socio inicial que desde 1995 hasta la actualidad ha firmado los consecutivos contratos de alquiler, siempre a nombre de la familia Alonso, incluyendo el último en el año 2015.
 
A raíz de la pandemia mundial del COVID-19 que impuso una paralización en la industria cultural, hemos intentado negociar sin éxito con los herederos de la propiedad para que tuvieran la consideración de que, al menos durante los meses cerrados por orden gubernamental, se redujera el alquiler al 50%. Siempre hemos recibido negativas a las diferentes propuestas expuestas en la negociación y los propietarios tampoco ofrecían alternativa alguna, únicamente e insistentemente solicitaban el pago inmediato de la totalidad de la mensualidad, llegando a incluir una denuncia de desahucio.
 
Ante lo que entendíamos como una incomprensible injusticia y con el fin de frenar sus amenazas nos acogimos a una demanda de amparo sobre cláusula rebus sic stantibus para una renta justa, la cual se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia Nº20 de Madrid, pero son los propietarios quiénes de nuevo interponen automáticamente una demanda de juicio verbal por desahucio en el Juzgado de Primera Instancia Nº40 de Madrid. Será el pasado diciembre de 2021 cuando estaba señalada la vista para resolver sobre dicha cláusula pero tras la presentación de varios escritos a resolver de la otra parte y testigos sin citar, se procedió a la suspensión en varias ocasiones más hasta finalmente fijar la vista para el próximo 13 de septiembre de 2022.
 
Mientras tanto la denuncia por desahucio seguía su curso y llegado el momento de su recurso tuvieron lugar un pequeño despiste del procurador y un fallo del sistema informático del juzgado (Lexnet). Pese al inconveniente totalmente subsanable conseguimos presentar en tiempo la documentación de oposición al desahucio a las 12:44h del último día teniendo plazo hasta las 15:00h. Dicho despiste sería la presentación sin traslado de copias de los documentos de oposición al desahucio, pequeño error para unos fatídico para otros, será la letrada judicial quien dándose cuenta del fallo y con tiempo suficiente nos avisa para rectificar el error pero donde la jueza se niega categóricamente a permitir dicha subsanación pese a estar en el tiempo estipulado por ley, e incluso lo califica como defecto de forma con la suficiente importancia como para seguir adelante con el proceso y no frenar el desahucio.
 
Llegados a esta situación continuamos formulando distintos recursos de oposición pero ninguno es aceptado por la juez e incuso se intenta sancionar al letrado que nos defiende por ejercer su derecho de recurso. Ya en marzo de 2022 apelamos a la Audiencia Provincial quien nos lo acepta a trámite pero que después de 60 días sin mediar nulidad y por una simple diligencia resuelve que no procede tramitar nada porque no hemos consignado una renta que nadie reclama en dicho procedimiento. E inmediatamente se depositan en el Juzgado 241.000€, cifra muy superior a la mitad de la renta reclamada, queremos seguir adelante con la negociación y no mostrar sensación de evadir nuestra responsabilidad de pago.
 
Pero nuevamente el Juzgado vuelve a rechazar recurso. Formulamos recurso de queja para que tramiten nuestra apelación y la Audiencia Provincial nos comunica su decisión que con carácter de urgencia se estudiará el 9 de junio de 2022. Pero el desahucio sigue su curso y se lleva a cabo ese mismo día 9 de junio de 2022 a las 10:30h, la juez no tuvo la consideración ni de esperar a que se pronunciara la Audiencia Provincial, el desahucio no se pudo ni aplazar.
 
Es a modo de protesta, rechazo y total desacuerdo con este proceso, injusto, desigual y desproporcionado por lo que decidimos no acudir a dicho desahucio.
 
Nosotros nunca quisimos evadir el pago de nuestras mensualidades de renta, hicimos un depósito para garantizar el cobro a los arrendadores de la propiedad al igual que llevan recibiendo dicho pago sin retraso durante los últimos 30 años. Luchamos por lo que considerábamos era justo teniendo en cuenta las circunstancias mundiales acontecidas y nunca pensamos recibir la pasividad e inactividad del sistema judicial. La familia Alonso gestionaba desde 1995 el auditorio Sala Caracol y desgraciadamente hemos perdido esta sede referente nacional e internacional en la industria cultural pero el proyecto de Caracol no morirá aquí, forma parte de la sociedad Madrileña, de nuestra familia y de la cultura nacional.